LAS CRUCES - Comunidades en Acción y de Fe (CAFé) de Nuevo México, una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, se unió a los funcionarios electos locales el viernes por la mañana para pedir a los senadores y representantes de EE.UU. del estado y al presidente Joe Biden que impulsen una vía a la ciudadanía para los trabajadores inmigrantes.
La conferencia de prensa se celebró en Las Cruces coincidiendo con el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo.
La organización dijo que está solicitando a Biden incluir un camino a la ciudadanía para los trabajadores inmigrantes esenciales y sus familias, Dreamers - personas indocumentadas traídas a los EE.UU. cuando eran niños - y los titulares de estatus de protección temporal en el Plan de Empleos Americanos, sus empleos de 2 billones de dólares y la legislación de infraestructura.
La organización dijo que los inmigrantes trabajan en muchos de los empleos esenciales que han mantenido a Nuevo México en funcionamiento durante la pandemia, como trabajadores de servicios de alimentos, trabajadores de la salud, empacadores de carne y trabajadores agrícolas. Dijo que los trabajadores esenciales han enfrentado los mayores riesgos durante COVID-19 y su impacto económico es invaluable.
"Innumerables miembros inmigrantes de nuestra comunidad han trabajado durante toda la pandemia como trabajadores esenciales", declaró la senadora estatal del distrito 38, la demócrata Carrie Hamblen. "Nuestra región se construyó gracias al duro trabajo de los inmigrantes".
Brenda Martínez, líder de CAFé, dijo que su madre es una inmigrante indocumentada y una trabajadora esencial que limpia hospitales y clínicas. Alentó a los legisladores a aprobar protecciones para los trabajadores indocumentados esenciales como parte del paquete de empleos de Biden.
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"Los reto a todos hoy a ser defensores del Plan Build Back Better para proteger a todos los trabajadores esenciales en este país como mi mamá que son indocumentados y viven en las sombras de la incertidumbre", dijo Martínez.
Blanca Tovar, dirigente de CAFé y trabajadora agrícola, dijo que ha trabajado en campos de chile y en cebaderos, y lo calificó de "trabajo difícil pero digno que ayuda a mantener a mi familia y a mis dos hijos". Tovar, que pronunció su discurso en español, dijo que su marido es trabajador del sector lácteo.
Debido a su asma, Tovar dijo que decidió dejar de trabajar durante la pandemia por miedo a no poder acceder a prestaciones sanitarias si enfermaba, lo que dejó un agujero en los ingresos de su familia.
"Nuestra familia se sintió abandonada a pesar de ser trabajadores esenciales durante muchos años", dijo.
"Mi marido y sus colegas, casi todos inmigrantes, merecen ser tratados como los trabajadores esenciales que son", dijo Tovar. "Eso incluye una vía hacia la ciudadanía".
El gobierno federal tenía la responsabilidad, cuando comenzó esta pandemia, de asegurarse de que todas las personas recibieran lo que necesitaban para poder quedarse en casa y seguir viviendo y manteniendo a sus familias", dijo la representante estatal Angélica Rubio, demócrata por el distrito 35. "En lugar de eso, lo que tuvimos fue a muchos legisladores como el nuestro teniendo que encontrar la forma de hacerlo nosotros mismos". "En lugar de eso, lo que tuvimos fue a muchos legisladores como el nuestro teniendo que encontrar la manera de hacerlo nosotros mismos".
Rubio dijo que pedía al gobierno de Biden que "no continuara y perpetuara eso".
Biden, en su primer discurso conjunto ante el Congreso el miércoles por la noche, pidió protecciones permanentes para los Dreamers, titulares de estatus de protección temporal y otros inmigrantes indocumentados.
"Los inmigrantes han hecho mucho por Estados Unidos durante esta pandemia y a lo largo de nuestra historia", dijo el presidente. "El país apoya la reforma de la inmigración. Deberíamos actuar. Discutámoslo. Debatámoslo. Actuemos".
El primer día de su gobierno, Biden presentó una propuesta de reforma integral de la inmigración que incluía una vía de ocho años hacia la ciudadanía para 11 millones de personas.
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