Por Algernon D'Ammassa / Redactor del Journal - 4 mar 2025 Actualizado 5 mar 2025
LAS CRUCES - La oficina del Procurador General de Nuevo México, Raúl Torrez, confirmó que está investigando a un proveedor de servicios de salud con sede en Hatch que anunció la semana pasada que restringiría los servicios basados en el estatus migratorio.
Ben Archer Health Center, un centro de salud comunitario sin ánimo de lucro con sede en Hatch, gestiona 11 centros en cuatro condados y presta servicios en tres institutos de Las Cruces.
El 26 de febrero, múltiples ubicaciones publicaron avisos en sus entradas que, a la luz de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, "cualquier extranjero inelegible que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos o está de otra manera ilegalmente presente en los Estados Unidos no califica para servicios financiados por el gobierno federal en Ben Archer Health Center."
Los carteles se retiraron más tarde ese mismo día, después de que Ben Archer recibiera orientación de la Asociación de Atención Primaria de Nuevo México. Sin embargo, el senador Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México, informó de que había tenido noticias de electores a los que se había pedido que presentaran una prueba de ciudadanía antes de recibir los servicios.
El grupo de organización comunitaria NM Café informó en su página de Facebook de que también había recibido informes de este tipo de solicitudes al día siguiente, después de que intervinieran la oficina del senador y el departamento de sanidad.
"La gente opta por no ir o no sabe a qué clínicas puede acudir", declaró al Journal Stevie Paz, portavoz de NM Café.
La Autoridad Sanitaria de Nuevo México confirmó el martes que estaba investigando una queja al respecto.
"La Autoridad Sanitaria está supervisando activamente
situación con los Centros de Salud Ben Archer en respuesta a las preocupaciones de los miembros de la comunidad", dijo la agencia al Journal, añadiendo que estaba "trabajando para asegurar que todas las personas que viven en Nuevo México reciban atención médica de los proveedores y continuará monitoreando el acceso a la atención en la región."
La directora general de Ben Archer, Mary Alice Garay, no respondió a las preguntas de este artículo. No está claro si las clínicas o las farmacias de Ben Archer han seguido preguntando por el estatus de ciudadanía desde la semana pasada.
El 28 de febrero, el Departamento de Justicia del Estado envió una carta de cese a Ben Archer. En la carta, obtenida por el Journal, se pedía confirmación de que la práctica había cesado, junto con una relación de cuántos pacientes habían visto denegados sus servicios y qué servicios o programas se habían visto afectados.
Heinrich y el representante Gabe Vásquez, también demócrata y representante del sur de Nuevo México, pidieron al Departamento de Justicia que determinara si Ben Archer había infringido alguna ley y que garantizara que no se interrogaba a los pacientes sobre su estatus migratorio.
"Hemos abierto una investigación sobre este asunto", dijo Lauren Rodríguez, portavoz de Torrez, al Journal el lunes, "y tomaremos todas las medidas apropiadas para garantizar que nadie sea discriminado por su origen nacional y que todos los centros de salud de Nuevo México funcionen de acuerdo con la ley estatal."
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